Representantes del sector de proveedores del programa Hambre Cero han solicitado formalmente al Ministerio de Economía la liberación de recursos pendientes y la implementación de un cronograma estimado de pagos.
Según el gremio, existe una deuda aproximada de USD 90 millones que compromete la sostenibilidad financiera de las empresas adjudicadas. Esta situación ha obligado a muchas empresas a recurrir a préstamos para cumplir con el pago a sus proveedores de insumos y con las obligaciones salariales de sus colaboradores.
Impacto en la cadena productiva
El retraso presupuestario genera repercusiones en toda la cadena productiva y laboral del país. El programa involucra directamente a veintiséis mil cocineras, ayudantes y limpiadoras, además de trescientos veintisiete comunidades de agricultura familiar campesina y setecientos veintiuno mipymes encargadas de proveer la materia prima necesaria.
Los proveedores enfatizan que la regularización de estos pagos es fundamental para garantizar la continuidad de un servicio esencial que contribuye a la alimentación y el aprendizaje de los estudiantes en todo el país.
