La Junta Asesora y de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aprobó un acuerdo interinstitucional que permitirá la regularización y transferencia de 30.000 hectáreas donadas a favor de sus ocupantes en Puerto Casado. Este convenio resuelve un prolongado conflicto jurídico territorial que se extendió durante tres décadas en la región chaqueña.
El proyecto, desarrollado de forma articulada con la empresa Atenil S.A., establece un modelo innovador de cooperación público-privada orientado al fomento de la ocupación pacífica de las tierras. Bajo este esquema, el Estado y el sector privado asumen el compromiso de trabajar directamente con las familias campesinas para consolidar la paz social, el diálogo rural y la resolución definitiva del conflicto en la zona.
Impacto macroeconómico y paz social
La resolución del litigio genera un profundo impacto macroeconómico, considerando que la inseguridad jurídica en el campo ha restado históricamente hasta un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual en pérdidas por parálisis productiva y costos de transacción. Al erradicar estas barreras estructurales, la administración estatal pacifica la región y protege el crecimiento nacional, fomentando además la atracción de capitales.
Con este avance, el Indert inicia de inmediato los procedimientos técnicos de titulación bajo el enfoque de la Nueva Ruralidad, transformando el capital improductivo en un activo económico real. La iniciativa busca corregir asimetrías y consolidar instituciones inclusivas en el Chaco, demostrando que la certidumbre jurídica y el diálogo con el campesinado constituyen factores clave del desarrollo territorial sostenible.
