Propuesta legislativa para reforzar protección de fondos
Un grupo de senadores presentó un proyecto de declaración con el objetivo de instar al Instituto Paraguayo de Seguridad Social (IPS) a derogar las normas que debilitaron los controles de seguridad y solvencia de las entidades financieras donde se depositan los fondos jubilatorios. La iniciativa busca restablecer las garantías que fueron eliminadas en modificaciones anteriores.
Los senadores proyectistas de la iniciativa son: Éver Villalba, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes y José Oviedo.
Contexto de las modificaciones cuestionadas
En la exposición de motivos del proyecto se señala que el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS está constituido por recursos destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales presentes y futuras con los trabajadores, jubilados y pensionados.
Los legisladores argumentan que la administración de estos fondos exige aplicar los más rigurosos criterios de seguridad, solvencia, liquidez y diversificación, evitando que las reservas jubilatorias queden expuestas a riesgos excesivos por la concentración de inversiones en determinadas entidades financieras.
Cambios normativos cuestionados
Según los proyectistas, en los últimos años el Consejo de Administración del IPS aprobó modificaciones a los reglamentos de inversiones y a los mecanismos de evaluación de entidades financieras que redujeron determinados requisitos de admisión y eliminaron controles anteriormente establecidos sobre los límites de colocación de recursos.
Entre las modificaciones identificadas se encuentran la reducción del puntaje mínimo exigido para participar en las colocaciones financieras y la eliminación de mecanismos que limitaban las inversiones del IPS en función del patrimonio efectivo de las entidades receptoras.
Solicitadas acciones del Consejo de Administración
Los senadores solicitan que el Consejo de Administración del IPS deje sin efecto las disposiciones que debilitaron los estándares de evaluación, restablezca mecanismos de control más exigentes y garantice una política de inversiones que priorice la protección de los fondos pertenecientes a los trabajadores y jubilados.
