El panorama que motivó la regulación
Antes de la aprobación de la Ley Nº 5668/2016, Paraguay enfrentaba un grave problema de seguridad eléctrica. Los datos previos a esta norma registraban una muerte cada tres días y medio a causa de accidentes por exposición a la corriente eléctrica, con incidentes que ocurrían en viviendas, lugares de trabajo y espacios públicos.
La exposición de motivos del proyecto de ley refería 383 muertes por electrocución en instalaciones eléctricas de baja tensión entre 2009 y 2012, según estadísticas del Departamento de Estadística de la Policía Nacional. Además, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay indicaba que el 90 % de los incendios registrados en edificaciones tenía origen eléctrico.
A pesar de estas cifras alarmantes, el riesgo eléctrico no siempre era reconocido públicamente como una amenaza significativa para la vida, contrariamente a otros riesgos que reciben mayor atención social.
El marco normativo construido en una década
Hasta 2016, Paraguay carecía de una ley específica que organizara de manera integral la seguridad en instalaciones eléctricas. Aunque existían normas técnicas y reglamentaciones vinculadas al sector, no había un instrumento legal que convirtiera la protección de personas y bienes en una responsabilidad jurídica clara.
Con la Ley Nº 5668/2016, el país estableció un marco regulatorio que complementó el mandato constitucional de proteger la integridad física de los ciudadanos. Posteriormente, se desarrolló la tercera edición de la Norma Paraguaya de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, que constituye una herramienta técnica renovada para orientar las instalaciones seguras.
El desafío actual: de la norma a la práctica
Según el Ing. Raúl González Paredes, director de Seguridad Eléctrica del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), el país ha completado la primera etapa del proceso: crear las reglas. La segunda etapa consistió en desarrollar los mecanismos para aplicarlas. Ahora se enfrenta el desafío más importante: que esas reglas lleguen efectivamente a cada instalación.
"Detrás de cada número existe una persona y una familia afectada. La finalidad de la seguridad eléctrica es precisamente evitar que una condición de riesgo termine convirtiéndose en una tragedia", señaló González.
Un incendio de origen eléctrico puede comenzar en un conductor, una conexión o un tablero, pero sus consecuencias generalmente trascienden el punto de origen: viviendas, comercios e industrias pueden verse afectados, equipos y mercaderías destruidos, actividades interrumpidas, y en casos graves, personas lesionadas o fallecidas.
Hacia una cultura de prevención
La conclusión de los especialistas es clara: Paraguay ya cuenta con las reglas y herramientas necesarias para garantizar la seguridad eléctrica. El siguiente paso requiere que instituciones públicas, empresas privadas, profesionales del sector y ciudadanía en general conviertan estas normas en una cultura de prevención efectiva y sostenida.
