Marco normativo y regulaciones
En el Poder Judicial, la concesión de permisos remunerados para estudios superiores está formalmente establecida desde la Acordada N.° 252/2002 y actualmente se encuentra regulada por la Acordada N° 1679/2022 de la Corte Suprema de Justicia. Este modelo se fundamenta en exigencias, límites y contraprestaciones jurídicas estrictas, ya que requiere una vinculación directa entre el programa académico (maestrías, doctorados o especializaciones) y las tareas que el servidor público desempeña o desempeñará en la institución.
Condiciones y obligaciones del beneficiario
Durante la licencia, el funcionario percibe su salario básico, aunque pierde las bonificaciones y gratificaciones asociadas al ejercicio efectivo del cargo. Además, al culminar la capacitación, el beneficiario tiene la obligación legal de reincorporarse y permanecer en la institución por un período equivalente al doble del tiempo que duró la licencia. Si el funcionario no cumple con el período de permanencia o no aprueba los estudios, debe reintegrar la totalidad de los emolumentos percibidos durante la licencia.
Bajo estas reglas, en un lapso de 12 años se otorgaron más de 800 licencias de capacitación a magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Entre julio de 2022 y agosto de 2026 se registraron 36 actos de concesión o prórroga de permisos correspondientes a 34 funcionarios distintos, lo que evidencia el carácter general e institucional del sistema.
Administración Pública general
En la administración pública general, el acceso a permisos remunerados para formación superior está regulado por la Ley N° 7445/2025 «De la Función Pública y del Servicio Civil» y las disposiciones de la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN).
Para acceder a un permiso de posgrado remunerado a tiempo completo, el servidor público debe cumplir con requisitos específicos, entre ellos la estabilidad laboral como funcionario público de carrera con nombramiento permanente. En caso de ocupar un cargo directivo o de confianza, debe cesar en dicho puesto y ser reasignado a su cargo de carrera. Asimismo, se requiere un análisis legal previo que certifique la congruencia del programa con las necesidades institucionales.
Coordinación institucional
Los planes anuales de capacitación de los organismos del Poder Ejecutivo deben articularse e informarse ante el Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP), dependiente del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La capacitación como inversión estratégica
El desarrollo de competencias no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. La necesidad de cualificar al personal alcanza a la totalidad de las instituciones del Estado.
En el Poder Judicial: La permanente actualización jurisprudencial y técnica de jueces, actuarios y funcionarios es clave para asegurar un mejor acceso a la justicia, la modernización de la gestión jurisdiccional y la correcta aplicación de tratados internacionales y normativas de derechos humanos.
En los Ministerios del Poder Ejecutivo: La complejidad de la gestión estatal exige especialización continua en finanzas públicas, formulación de proyectos, contratación pública, desarrollo socioambiental y transformación digital.
En órganos extrapoderes y de control: El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Consejo de la Magistratura y Procuraduría General de la República requieren equipos técnicos y jurídicos idóneos y actualizados constantemente, debido a su responsabilidad en la selección, juzgamiento disciplinario de magistrados y defensa de los intereses patrimoniales de la República, aspectos vitales para la seguridad jurídica del país.
