Transferencia oficial del proyecto a la Corte Suprema de Justicia
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consolidando así el nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.
El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Ambas autoridades coincidieron en señalar que el RUN representa una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
Continuidad del proceso de transferencia iniciado en enero
La transferencia forma parte del proceso que comenzó en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro iniciaron su traspaso al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.
Durante el encuentro participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Impacto económico esperado del sistema
El ministro Lovera destacó que el funcionamiento del RUN trasciende el ámbito administrativo.
En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay.
Características y objetivos del Registro Unificado Nacional
Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles. Este sistema tiene como objetivo simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos, y reducir los tiempos de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios en el país.
