Antecedentes de la Ley de Responsabilidad Fiscal
La Ley Nº 5098/2013, promulgada en octubre de 2013 durante el gobierno de Horacio Cartes, fue diseñada para establecer límites al crecimiento del gasto estatal y evitar desbalances fiscales. La normativa fijó un tope de déficit de 1,5% del PIB, buscando regular el gasto corriente, especialmente el relacionado con salarios en la administración pública.
Esta legislación respondía a los problemas fiscales recurrentes que enfrentaba la nación. A comienzos del año 2000, Paraguay atravesó una de sus peores crisis económicas, alcanzando un déficit de 4,6% del PIB. Entre 2002 y 2003 se registró un conflicto financiero conocido como "default selectivo", que implicó una cesación de pagos parcial.
Durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se implementaron reformas tributarias y se gestionaron nuevos préstamos para recuperarse de esta situación.
Recuperación y nuevo deterioro fiscal
Para 2008, en un contexto de fuerte crecimiento económico, el Fisco registró un superávit de 2,5% del PIB. Sin embargo, el problema reaparició en los años subsecuentes debido al crecimiento sostenido del gasto corriente.
Aunque se implementaron programas de retiro voluntario para reducir la cantidad de funcionarios, las instituciones públicas continuaron incorporando personal y la presión salarial siguió aumentando.
Resultados desde la vigencia de la Ley
Desde que entró en vigor la Ley de Responsabilidad Fiscal, solamente en tres ejercicios el país consiguió cerrar sus cuentas dentro del tope fiscal establecido.
2013-2015: Inicios con déficit elevados
En 2013, cuando se promulgó la normativa, el déficit fue de 1,9% del PIB, equivalente a G. 2,4 billones, ya por encima del nuevo límite. La administración de Cartes accedió con apenas USD 6 millones en caja frente a necesidades diarias estimadas en USD 15 millones. El Ministerio de Hacienda debió recurrir a préstamos de corto plazo del Banco Central y utilizar depósitos del Gobierno.
En 2014, el déficit aumentó a 2,3%, con un saldo rojo de G. 3,13 billones. En 2015 se ubicó en 1,8% del PIB, equivalente a G. 2,6 billones.
2016-2018: Cumplimiento de la regla fiscal
La situación comenzó a corregirse en los años siguientes. En 2016, cuando Santiago Peña era ministro de Hacienda, el déficit se ubicó en 1,5% del PIB, con un saldo negativo de G. 2,2 billones, logrando el cumplimiento de la regla fiscal.
Para 2017, se volvió a cumplir con la normativa, con un déficit de 1,4% del PIB, equivalente a G. 2,3 billones. En 2018 se registró nuevamente un resultado dentro del límite, con un déficit de 1,3% (G. 3,0 billones).
2019 en adelante: Nuevas presiones fiscales
A partir de 2019, las cuentas públicas volvieron a deteriorarse, cerrando con un 2,8% del PIB o G. 6,7 billones.
En 2020, el déficit alcanzó 6,2%, equivalente a G. 14,8 billones, convirtiéndose en la mayor pérdida de los últimos años. El Gobierno justificó el fuerte incremento por las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia de COVID-19, que también causó un salto significativo en la deuda pública.
Entre 2021 y 2022, el déficit comenzó a moderarse, pasando a 3,6% y 2,9%, respectivamente. Sin embargo, volvió a aumentar en 2023, llegando a 4,1%.
Plan de convergencia fiscal
Con la llegada de Santiago Peña a la presidencia y la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno inició un plan de convergencia fiscal con el objetivo de reducir gradualmente el déficit y retornar al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
