Posición del gremio constructivo
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) considera que la emisión de bonos representa una alternativa más viable para atender la deuda del Estado con el sector vialero, en comparación con el mecanismo de cesión de créditos o factoraje impulsado por el Gobierno.
Raúl López, miembro titular del directorio de Capaco, señaló que las condiciones financieras actualmente planteadas hacen que esta herramienta no resulte atractiva ni para las empresas constructoras ni para el sistema bancario.
Limitaciones del factoraje
Según los análisis del gremio, si bien existe voluntad institucional para encontrar una solución, el factoraje no logró avanzar porque las tasas y los plazos propuestos convierten la operación en un financiamiento comercial que recae nuevamente sobre las empresas. El esquema obliga a las constructoras a ceder una parte importante del valor de sus certificados de obra para acceder a liquidez inmediata.
López explicó que actualmente la deuda acumulada con el sector ronda los USD 360 millones. De ese monto, aproximadamente USD 250 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, mientras que otros USD 110 millones corresponden a intereses generados por atrasos en las cancelaciones.
Análisis de costos financieros
Desde la perspectiva de Capaco, el principal problema del factoraje es que el Estado propone cancelar las obligaciones en un plazo cercano a tres años, lo que incrementa significativamente el costo financiero para las empresas. Los descuentos aplicados por las entidades financieras terminan reduciendo de forma considerable los ingresos que deberían percibir las constructoras por trabajos ya ejecutados.
A ello se suma un factor de riesgo adicional: si el Estado no cumple con el cronograma previsto, las empresas quedan expuestas frente a los bancos. López señaló que en ese escenario, el empresario termina sosteniendo la deuda.
Propuesta alternativa
Por este motivo, el gremio plantea avanzar en mecanismos alternativos, entre ellos una eventual emisión de bonos especiales que permita reconocer y cancelar las obligaciones pendientes sin trasladar costos adicionales a las constructoras. La propuesta, indicó López, deberá ser analizada por el Congreso junto con el Poder Ejecutivo.
